La Amazonia peruana y la ley antiforestal 31973 han ocasionado mucho descontento en las organizaciones ambientalistas, pero sobretodo en las comunidades indígenas que se ven afectadas directamente por esta regulación.
La Amazonía peruana, con algo más de 72 millones de hectáreas de bosques, es una de las regiones más biodiversas y ricas en recursos naturales del mundo. Esta región tan importante ha sido históricamente objeto de explotación y deforestación.
Perú a día de hoy es el noveno país con mayor cobertura forestal en el mundo y el segundo en toda Latinoamérica después de Brasil. Sus bosques son el hábitat de diversas especies de flora y fauna, importantes para mantener un ecosistema sano y equilibrado.
La importancia de la Amazonía peruana, tanto para el mismo país como para el planeta, la percibimos si tenemos en cuenta su inmensidad. Se estima que en el Perú existen alrededor de 6.800 especies de árboles. La mayoría de estos se encuentran en los bosques de la Amazonia. 20 de estos árboles se explotan comercialmente, sobre todo para la producción de madera. Por su extensión e importancia socioeconómica, los bosques constituyen un enorme patrimonio nacional.
Gobierno peruano incentiva la deforestación a favor de gremios empresariales
En un supuesto intento por abordar esta problemática, el gobierno ha implementado nuevas leyes forestales en la región. El encargado directo era el Ministerio del Ambiente MINAM bajo el actual Gobierno de Dina Boluarte. Pero detrás de esta ley se encuentran una serie de medidas perversas que realmente genera más incentivos para aumentar los incendios en la Amazonía. Uno de los puntos claves es la suspensión de la zonificación forestal. Esto permite a los privados a no cumplir más con la clasificación de tierras. Otro punto importante que fue eliminado, es el procedimiento de autorización de cambio de uso de suelo en áreas privadas. Teniendo como consecuencia que en los predios agrícolas y ganaderos aledaños a áreas boscosas se normaliza la tala o quema de vegetación. Esto es posible debido al „cambio de uso de suelo“.
El día miércoles 10 de enero del 2024 el titular del parlamento, Alejandro Soto (Alianza Para el Progreso – APP), ordenó de manera irregular la promulgación de la reforma. Una reforma muy discutida que le quita competencias en materia forestal al Ministerio del Ambiente. Esto tiene como consecuencia aumentar la libertad para la aceleración de la tala masiva de árboles.
Estas propuestas legislativas han sido presentadas por parlamentarios de ultra derecha (Fujimoristas) y de la izquierda (Perú Libre). Además de, por supuesto gozar del entero respaldo de gremios empresariales. Todo intento de derogar la reforma ha sido en vano.
Ley antiforestal 31973
En primer lugar, las leyes forestales propuestas por el MINAM han sido criticadas por su enfoque laxo en cuanto a la protección de los bosques y la biodiversidad. A pesar de establecer ciertas restricciones y regulaciones, hay una claro desinterés en poner en práctica estas leyes. Las que al final incentivan los incendios forestales que vienen destruyendo desde hace décadas una gran parte de la sierra y la selva peruana.
La ley 31973, también llamada „Ley antiforestal“, fue aprobada por el Gobierno de la actual Presidenta Dina Boluarte. Esta ley ha sido rechazada por completo por las organizaciones indígenas y especialistas en protección ambiental. Uno de los problemas es la falta de mecanismos de control efectivos para controlar y prevenir los incendios. Una vez se han apagado estos incendios estas zonas serán usadas para la agricultura. Para la producción de carne y leche que son los principales motivos de la deforestación.
La falta de medidas efectivas para hacer cumplir las regulaciones y los cambios en la normativa sobre el uso de los suelos, han llevado a un aumento en la tala ilegal y la expansión descontrolada de la frontera agrícola, poniendo en peligro ecosistemas enteros y especies en peligro de extinción.
Esta ley antiforestal crea una falsa impresión de poder talar sin riesgo a sufrir sanciones. Así lo advierte el especialista en gestión ambiental Christian Huamán Mendoza. Haciendo hincapié a que el 98% de los incendios forestales son causados por prácticas humanas ilícitas que tienen como fin la expansión de tierras de cultivo.
Necesidad de inclusión de ambientalistas y comunidades indígenas
Además, las nuevas leyes forestales también han sido objeto de críticas por su impacto en las comunidades indígenas y locales que dependen de los recursos forestales para su subsistencia. La falta de consulta adecuada con estos grupos vulnerables ha llevado a la pérdida de tierras ancestrales, la destrucción de medios de vida tradicionales y conflictos sociales cada vez más acuciantes. La imposición de restricciones arbitrarias y la falta de reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas han exacerbado las tensiones. Estas a su vez han generado un aumento de un clima de desconfianza y descontento.
En este sentido, es evidente que las nuevas leyes forestales en la Amazonía peruana y la ley antiforestal 31973, diseñadas por el actual gobierno, han provocado una serie de problemas ambientales y sociales que requieren una atención urgente. Es fundamental revisar y fortalecer estas leyes, incorporando principios de sostenibilidad, equidad y participación comunitaria en su enfoque. La protección de los bosques amazónicos y de sus habitantes debe ser una prioridad absoluta, y cualquier legislación en este sentido debe reflejar este compromiso.
En conclusión, las nuevas leyes forestales en la Amazonía peruana, impulsadas por el MINAM, plantean desafíos importantes en términos de conservación ambiental y justicia social. Es imperativo abordar estas cuestiones de manera integral y colaborativa, involucrando a todos los actores relevantes en la toma de decisiones y asegurando que se respeten los derechos de las comunidades locales y los ecosistemas frágiles de la región. Solo a través de un enfoque holístico y sostenible podremos garantizar un futuro saludable y próspero para la Amazonía peruana y sus habitantes.
