En la última década, el Perú ha vivido una inestabilidad política que difícilmente encuentra paralelo en la región. La reciente destitución del presidente José Jeri por parte del Congreso —acusado de presuntos actos de corrupción— marcó un nuevo capítulo en una historia que ya suma ocho jefes de Estado en apenas diez años.
La caída de presidentes se ha vuelto casi rutinaria en el país andino. Lo que en otras democracias sería un evento excepcional, en Perú parece haberse convertido en una herramienta política recurrente.
El 18 de febrero de 2026, el Congreso eligió a José María Balcázar, de 83 años, como nuevo presidente interino, apenas días antes de las elecciones generales programadas para el 12 de abril de 2026. Balcázar, legislador de 83 años del partido Perú Libre, será jefe de Estado hasta que termine el proceso electoral este año.
El poder que no necesita ganar elecciones
En el centro de esta dinámica aparece una figura que nunca ha logrado llegar a la presidencia, pero cuya influencia ha sido constante: Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori.
Tras perder las elecciones presidenciales de 2016 frente a Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori consolidó su poder desde el Congreso, donde su partido obtuvo una mayoría significativa. Desde esa posición, su influencia ha sido determinante en la gobernabilidad del país.
El gobierno de Kuczynski terminó colapsando tras una serie de investigaciones y presiones políticas que derivaron en su renuncia en 2018. Desde entonces, la sucesión de presidentes ha estado marcada por conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La lógica parecía repetirse: cada presidente que dejaba de ser funcional a determinados intereses enfrentaba bloqueos, acusaciones o procesos de destitución.
Incluso antes de asumir el cargo, el presidente Pedro Castillo ya enfrentaba rumores de vacancia.
La política como terreno de desgaste
El resultado ha sido una erosión constante de la institucionalidad.
Presidentes que llegan al poder mediante elecciones terminan enfrentando procesos de destitución que, aunque constitucionales en su forma, generan una percepción de manipulación política.
La consecuencia directa ha sido una crisis de legitimidad: gobiernos débiles, ciudadanía desconfiada y un sistema político incapaz de generar estabilidad.
Las crisis políticas han ido acompañadas de una deteriorada situación de seguridad ciudadana y debilidad de las instituciones democráticas. Informes internacionales han alertado sobre retrocesos en derechos humanos, expansión del crimen organizado y erosión de la independencia judicial.
Un nuevo presidente interino, nuevas controversias
La reciente designación de José María Balcázar como presidente interino ha vuelto a poner en evidencia estas tensiones.
Su llegada al poder ha estado rodeada de polémica debido a declaraciones pasadas ampliamente cuestionadas. Balcázar hizo una propuesta de ley para permitir el matrimonio infantil; así como ha hecho declaraciones a favor de las relaciones sexuales de menores. También hay una serie de acusaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción.
Sin embargo, su mandato será breve. Perú se encuentra nuevamente en una fase de transición: en los próximos meses se celebrarán elecciones generales y el nuevo presidente asumirá el poder el 28 de julio.
Más que representar un nuevo rumbo político, la gestión actual parece destinada a ser un puente temporal dentro de un sistema que ha demostrado una notable fragilidad.
Una democracia atrapada en la inestabilidad
La sucesión de crisis ha llevado a que la política peruana se defina menos por proyectos de gobierno y más por dinámicas de supervivencia.
En un país donde la corrupción, el narcotráfico o la criminalidad suelen convivir con cierta tolerancia social, la inestabilidad institucional se ha convertido en la norma.
El problema ya no parece ser únicamente quién ocupa el poder, sino quién lo ejerce realmente.
Mientras el país se prepara para nuevas elecciones, la pregunta sigue abierta:
¿Puede Perú romper el ciclo de presidentes efímeros y poderes permanentes?
¿Qué está en juego para Perú?
- Estabilidad democrática: las elecciones de 2026 podrían marcar un punto de inflexión si se consolidan mecanismos de gobernabilidad más sólidos.
- Confianza pública: reconstruir la fe ciudadana en las instituciones será clave para evitar una profundización de la fragmentación social y política.
- Reformas institucionales: muchos analistas piden reformas constitucionales y legales para limitar el uso político de figuras como la “incapacidad moral”.
¿Quién gobierna el Perú realmente?
La crisis política peruana de los últimos años no puede entenderse únicamente como una sucesión de destituciones presidenciales o enfrentamientos institucionales aislados. Más bien, revela un patrón estructural de inestabilidad que ha convertido la excepcionalidad en norma.
La reiterada caída de gobiernos —en muchos casos impulsada desde el propio Congreso— pone de manifiesto un sistema político fragmentado, altamente personalista y carente de consensos duraderos. Este escenario ha favorecido dinámicas de confrontación permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo, debilitando la gobernabilidad y erosionando progresivamente la legitimidad de las instituciones democráticas.
Sin embargo, esta inestabilidad no ocurre en el vacío. Detrás del constante quiebre institucional operan fuerzas de poder que rara vez aparecen en el centro del debate público: élites económicas y grupos empresariales con profunda influencia sobre la clase política, capaces de moldear el rumbo del país desde las sombras.
En ese entramado, figuras como Keiko Fujimori emergen como actores clave del poder indirecto. Su influencia política —a pesar de no haber alcanzado la presidencia— ha sido determinante en la generación de bloqueos, confrontaciones y procesos de desestabilización que han contribuido a debilitar gobiernos elegidos democráticamente cuando estos dejaron de alinearse con determinados intereses.
El uso estratégico de mecanismos constitucionales como la vacancia presidencial ha terminado por transformar herramientas diseñadas para la rendición de cuentas en instrumentos de disputa política. Como consecuencia, el sistema se encuentra atrapado en un ciclo de inestabilidad que impide la consolidación de políticas públicas de largo plazo.
En este contexto, la breve transición encabezada por José María Balcázar se presenta menos como una solución y más como un episodio dentro de un proceso continuo de recomposición del poder político.
Las elecciones previstas en los próximos meses no solo representarán un nuevo intento de renovación institucional, sino que también funcionarán como un test crucial para evaluar si el Perú es capaz de reconstruir mecanismos de representación legítima y restaurar un mínimo de estabilidad gubernamental.
En última instancia, el desafío no radica únicamente en quién ocupará la presidencia, sino en la capacidad del sistema político peruano de redefinir las reglas del juego democrático y superar un modelo en el que la crisis ha dejado de ser una anomalía para convertirse en sistema.
