El 10 de octubre de 2025, el Congreso del Perú aprobó la destitución de Dina Boluarte como presidenta por “incapacidad moral permanente”. Esta decisión histórica no sorprendió a muchos ciudadanos: las autoridades han sido ampliamente criticadas por su débiles respuestas ante la crisis de seguridad, los numerosos casos de corrupción, y la represión violenta de manifestantes, muchos de ellos de comunidades indígenas.
1. ¿Por qué fue destituida?
A. Incapacidad para frenar la inseguridad
Boluarte asumió el poder en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, en un contexto ya de gran polarización política. Su gobierno enfrentó un notable aumento en homicidios, casos de extorsión y crímenes sin resolver, lo que generó un fuerte rechazo social. En semanas cercanas al proceso de destitución, la violencia además parecía descontrolada en varios puntos del país.
B. Corrupción y escándalos como “Rolexgate”
Uno de los escándalos más conocidos fue el llamado Rolexgate, en el que se acusa a Boluarte de usar relojes y joyas de lujo no declaradas, lo que llevó a investigaciones por enriquecimiento ilícito. A pesar de las evidencias periodísticas, el Congreso archivó denuncias constitucionales relacionadas, lo que generó acusaciones de blindaje político.
C. Represión y muertes de manifestantes
Las protestas en contra de su gobierno han dejado un saldo doloroso. De acuerdo con reportes oficiales y de organismos de derechos humanos:
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En Juliaca, Puno, al menos 18 manifestantes murieron y más de 100 resultaron heridos en enfrentamientos con la policía.
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En total, se reportaron al menos 50 muertos y cientos de heridos durante las movilizaciones entre 2022-2023 que pedían la renuncia de Boluarte.
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En regiones como Puno comunidades rurales, indígenas, vieron desaparecer servicios básicos, atención médica insuficiente, y una respuesta estatal lenta o represiva.
2. Keiko Fujimori, su cercanía política y los cuestionamientos
Una parte importante de la indignación popular deriva de la percepción de vínculos entre Boluarte y sectores del Fujimorismo.
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Keiko Fujimori ha sido criticada por su apoyo inicial al gobierno de Boluarte y por la influencia de Fuerza Popular en el Congreso.
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Aunque Keiko ha negado gobernar desde las sombras, los ciudadanos dudan sobre su independencia política en decisiones judiciales o legislativas, especialmente cuando se archivan denuncias o se muestran favoritismos discernibles hacia ciertos actores vinculados al Fujimorismo.
3. Discriminación estructural: los indígenas como los más perjudicados
Uno de los aspectos menos visibilizados pero más graves de esta crisis es cómo los pueblos indígenas y las regiones periféricas del país soportan el peso mayor de la represión, la falta de servicios y la corrupción.
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Los pueblos indígenas originarios, que según el Ministerio de Cultura son 55, han denunciado discriminación étnico-racial persistente: por su aspecto físico, su forma de hablar, su identidad cultural.
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En las zonas indígenas de la sierra y la Amazonía, las protestas y los bloqueos frecuentemente terminan en muertes, detenciones arbitrarias, violencia policial e, incluso, masacres. Juliaca, Puno es un ejemplo claro.
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En estas regiones, la infraestructura es deficiente, el acceso a servicios básicos (salud, transporte, educación) está lejos de los estándares nacionales, y la corrupción local termina afectando directamente la vida diaria de la población. Esto agrava la sensación de abandono y la exigencia de justicia.
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4. La presión social: manifestaciones, exigencias y respuesta popular
Las protestas en las calles peruanas se han caracterizado por:
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Movilizaciones masivas en Lima, pero también caravanas desde provincias como Puno, Cusco, Ayacucho, muchas comunidades indígenas marchan durante días hacia la capital.
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Exigencias claras: renuncia de Dina Boluarte, cierre del Congreso, reformas constitucionales o electorales, justicia para los muertos, sanción para soldados y policías implicados.
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Rechazo de la cobertura mediática parcial y de la percepción de impunidad. Manifestantes denuncian que ciertas muertes no se investigan con rigor o que los responsables no enfrentan consecuencias.
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5. La destitución: conclusión judicial y política
El Congreso votó su destitución por incapacidad moral permanente, en una sesión en la que obtuvieron mayoría para removerla. Financial Times+2Reuters+2 Con su salida, surge la pregunta de si esto será suficiente para satisfacer las demandas sociales de justicia, transparencia y respeto por los derechos humanos.
Conclusión
La destitución de Dina Boluarte no es simplemente un cambio en la presidencia: representa una derrota simbólica para un gobierno que, para muchos, encarnaba lo peor de la corrupción, la violencia institucional y el alejamiento de las comunidades indígenas.
Para que esta nueva etapa tenga sentido, se requiere mucho más que un reemplazo en el poder:
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Que se sancionen los responsables de muertes durante las protestas.
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Que se realicen reformas estructurales que garanticen justicia, equidad territorial y participación efectiva para los pueblos indígenas.
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Que la prensa, la ciudadanía y las instituciones vigilen que la corrupción deje de ser el talón de Aquiles de la democracia peruana.
La decisión fue tomada por el congreso con unanimidad. Algo muy sorprendente porque desde meses el congreso ha respaldado desiciones de la mandataria. Le permitió subirse el sueldo al 100%, viajes innecesarios al Vaticano, entre otros. Con esta bancada intenta in congreso, acusado de corrupción, tranquilizar a la población, Algo que seguramente no se dará.
