En los últimos meses, Perú vive una ola de movilizaciones ciudadanas que va más allá de Lima: comunidades de la sierra, la costa y el oriente se han sumado para manifestarse contra la presidenta Dina Boluarte, exigiendo respuestas políticas, justicia, reformas profundas y, en muchos casos, su renuncia anticipada. Las protestas no son solo por una crisis económica o de delincuencia, sino también por una percepción generalizada de corrupción, impunidad y de que el gobierno está demasiado vinculado con figuras politizadas cuestionadas, como Keiko Fujimori y su entorno.

¿Por qué se protesta?

1. Corrupción y nepotismo

   Uno de los detonantes que más indignación ha generado es el famoso Rolexgate, donde Dina Boluarte fue señalada por usar relojes de lujo no declarados —un signo claro para muchos de enriquecimiento ilícito o de malas prácticas. Además, se han aprobado decretos que favorecen a personas condenadas por delitos como extorsión, robo y tráfico ilícito de drogas, permitiendo penas menos severas o sustitución por servicios comunitarios. 

2. Aumento de la delincuencia e inseguridad

   Las estadísticas muestran un incremento de homicidios, extorsiones y otros delitos que afectan especialmente a las zonas urbanas, pero también a muchas provincias. Gran parte de la población culpa directamente al Ejecutivo (y al Congreso) por la falta de políticas efectivas, la impunidad y la baja capacidad de respuesta frente al crimen organizado.

3. Demandas de legitimidad y reformas estructurales

   Las protestas van más allá de demandas puntuales: se exige el adelanto de elecciones, la renuncia de Dina Boluarte y reformas profundas del Estado, incluyendo una Asamblea Constituyente en algunas movilizaciones y cierres del Congreso. También sectores indígenas y rurales denuncian discriminación, uso excesivo de la fuerza policial y militar, así como muertes en enfrentamientos. Los casos más emblemáticos, como la Masacre de Juliaca en Puno, permanecen en la memoria colectiva como símbolo de la represión.

4. La cercanía con Keiko Fujimori y el legado político

   Muchos manifestantes critican no sólo las acciones del gobierno, sino su cercanía, directa o indirecta, con Fuerza Popular y los Fujimori. Se ve en decisiones de justicia, nombramientos en el congreso, y en cómo ciertos casos de corrupción parecen archivados o no perseguidos con la fuerza que la opinión pública exige.

¿Dónde y cómo se están desarrollando las protestas?

• Lima ha sido epicentro de muchas movilizaciones: marchas en la Plaza San Martín, protestas frente al Congreso, la Fiscalía y el Palacio de Justicia.
• Regiones del sur como Puno, Cusco, Apurímac y otras comunidades andinas han mantenido protestas persistentes, bloqueos de carreteras, caravanas rumbo a Lima, exigencias de justicia frente a muertes por represión.
• Costa y ciudades grandes también registran protestas, especialmente cuando la delincuencia golpea fuertemente — robos, extorsión, inseguridad callejera.

Los métodos son variados: manifestaciones pacíficas, marchas, bloqueos, asambleas locales, uso de redes sociales para denunciar abusos, peticiones al poder judicial, prensa e instancias internacionales. En muchos casos hay tensiones con la policía: uso de gases lacrimógenos, detenciones, enfrentamientos, heridos, y denuncias de excesos.

¿Qué dice el gobierno y cómo reacciona?

Dina Boluarte, a través de discursos oficiales e informes al Congreso, ha prometido una lucha frontal contra el crimen organizado, el sicariato y la extorsión. Ha anunciado despliegues policiales y militares, operativos en penales, así como reformas legales para endurecer penas.

Pero muchas de sus promesas han sido criticadas por la población por considerarlas insuficientes, tardías o incluso contradictorias. Por ejemplo, la aprobación de leyes que benefician a condenados deja en entredicho la severidad de sus discursos de justicia. Además, la cercanía política o mediática con el partido de Keiko Fujimori, según críticos, parece influir en la falta de sanciones ejemplares en casos de corrupción que involucran a miembros de ese entorno.

¿Cuál es el impacto real?

• Social: hay un fuerte desgaste de confianza en las instituciones (gobierno, congreso, justicia). Muchos ciudadanos sienten que no tienen canales reales de participación ni justicia efectiva.
• Político: la desaprobación del gobierno está en niveles muy altos. Las protestas pueden servir como mecanismo de presión para reformas o para adelantar elecciones.
• Humano: en zonas rurales, el costo en vidas, heridos y violencia policial es grave. También hay denuncias sobre la vulneración de derechos humanos.
• Mediático: los medios nacionales e internacionales están prestando atención. Las redes sociales juegan un rol clave para organizar y visibilizar — pero también para desinformar.

Desafíos y posibles salidas

• Transparencia real: no basta con discursos; se necesitan investigaciones independientes, claridad en los procesos judiciales, que los casos de corrupción sean sancionados correctamente.
• Participación ciudadana: mecanismos para que las comunidades, especialmente indígenas y rurales, tengan voz efectiva en la toma de decisiones.
• Reformas estructurales: sistema de justicia que no favorezca impunidad, mejora del sistema penitenciario, policía capacitada en derechos humanos, control sobre cuerpos de seguridad.
• Elecciones y reforma institucional: varios manifestantes piden una Asamblea Constituyente o elecciones anticipadas como mecanismo para renovación política.
• Seguridad ciudadana: estrategias integrales contra el crimen organizado que respeten derechos fundamentales, que no solo sean operativos punitivos sino prevención, justicia, infraestructura, educación.

Conclusión

Las protestas actuales en Perú no son un fenómeno aislado ni pasajero: son expresión de una profunda crisis de gobernabilidad, legitimidad e institucionalidad. Los desafíos del país — corrupción, inseguridad, impunidad, desigualdad territorial y cultural — están interconectados. Si el gobierno de Dina Boluarte quiere recuperar algo de legitimidad, deberá demostrar acciones concretas, transparentes y efectivas, que incluyan realmente a quienes han sido históricamente marginados.