La agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise no debería ser presentada como la desviación excepcional de un grupo de adolescentes. Las denuncias previas de bullying, los testimonios de docentes y padres, la respuesta inicial de la institución y las cifras nacionales de violencia escolar muestran algo mucho más incómodo: en el Perú existe una cultura que demasiadas veces minimiza, tolera o normaliza la violencia hasta que esta alcanza una dimensión imposible de ocultar.
Cuando una agresión sexual se convierte en un “juego”
El 15 de septiembre de 2026, un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise denunció haber sido víctima de una agresión sexual por parte de compañeros durante el trayecto de regreso de una actividad deportiva.
La Fiscalía abrió una investigación y diez estudiantes fueron inicialmente intervenidos. Posteriormente, el Tercer Juzgado de Familia de Lima dictó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes investigados por la presunta violación sexual del estudiante. La medida es preventiva y no constituye una sentencia: la investigación tendrá que determinar las responsabilidades individuales.
Hasta aquí estamos ante un caso judicial. Pero hay algo que trasciende la investigación penal.
La forma en que diferentes adultos reaccionaron ante los hechos dice mucho sobre la sociedad en la que estos adolescentes han crecido.
Uno de los padres de los estudiantes investigados describió públicamente lo ocurrido como “un juego que se les ha ido de las manos”. En la misma intervención manifestó que daba la razón a la víctima, pero cuestionó que sus hijos fueran considerados responsables mientras continuaba la investigación.
Es comprensible que un padre quiera defender a su hijo cuando este está siendo investigado. Lo que resulta mucho más preocupante es la necesidad de seguir utilizando la palabra “juego” para describir una conducta que está siendo investigada como violencia sexual. Porque una agresión sexual no se convierte en juego porque quienes participan sean adolescentes. Y la edad tampoco convierte la humillación de otra persona en una broma.
El lenguaje también normaliza la violencia
Las palabras importan.
Llamar “juego” a una conducta violenta no es una cuestión puramente semántica. El lenguaje determina también la manera en que una sociedad interpreta lo que considera grave y lo que considera tolerable.
En el Perú estamos demasiado acostumbrados a expresiones como:
“Son cosas de chicos.”
“Estaban jugando.”
“Así se llevan entre ellos.”
“No hay que exagerar.”
“Siempre ha sido así.”
Son frases aparentemente inocentes que pueden funcionar como mecanismos de normalización.
El problema comienza cuando la sociedad necesita que una víctima termine en una fiscalía, un hospital o un juzgado para reconocer que aquello que durante meses o años fue presentado como una “broma” era violencia.
Lo más preocupante: quizá no era la primera señal
Una de las declaraciones más importantes de todo este caso no provino de la Fiscalía. Provino de una profesora del propio Liceo Naval.
Yovana León, docente de la institución desde hace aproximadamente dos décadas, declaró públicamente que había realizado denuncias anteriores relacionadas con bullying y otras situaciones de violencia.
“Yo no tengo miedo, por eso he hecho muchas denuncias”, afirmó.
La frase debería producir algo más que indignación momentánea. Porque si dentro de una institución educativa existen profesores que llevan tiempo advirtiendo sobre problemas de violencia, la pregunta ya no es únicamente qué hicieron los estudiantes involucrados en el último caso.
La pregunta es:
¿Quién estaba escuchando?
Y, sobre todo:
¿Qué hicieron los adultos cuando recibieron esas advertencias?
No podemos afirmar que una denuncia anterior hubiera permitido necesariamente evitar la agresión del 15 de septiembre. Eso sería especulativo.
Pero sí podemos afirmar algo mucho más sencillo: la violencia escolar no comenzó el día de esta agresión.
Una institución que inicialmente habló de “agresión física”
La reacción inicial del propio Liceo Naval también merece atención.
Mientras el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables trataba el hecho como una presunta agresión sexual, el Liceo Naval difundió un comunicado en el que se refería al caso como una “agresión física”. La diferencia provocó cuestionamientos de padres y de otros sectores.
No se trata de un detalle menor. Cuando una institución educativa se encuentra ante una denuncia de violencia sexual, el lenguaje que utiliza para describirla importa.
Una “agresión física” y una “agresión sexual” no son conceptos intercambiables.
La primera descripción puede ocultar precisamente aquello que hace que el caso sea especialmente grave: el componente sexual de la violencia.
El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzales, cuestionó además la actuación del Liceo Naval y pidió explicaciones sobre la respuesta institucional frente a la denuncia.
Y mientras todo esto ocurría, dentro del propio colegio había docentes y padres reclamando que la violencia y el bullying no eran problemas nuevos.
Demasiadas señales.
Demasiadas advertencias.
Y una pregunta que sigue sin respuesta suficiente:
¿Por qué las instituciones reaccionan con tanta rapidez cuando el escándalo ya es público y con tanta lentitud cuando las señales todavía pueden ser ignoradas?
El caso no es aislado
Aquí es donde resulta peligroso reducir todo a “seis malos alumnos”.
Los datos nacionales muestran una realidad mucho más amplia.
Entre enero y agosto de 2026, la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación registró 1.198 reportes de violencia sexual entre estudiantes. La cifra representa un aumento de aproximadamente 35 % respecto del mismo periodo de 2025, cuando se registraron 885 reportes, y de alrededor del 21 % frente a 2024, cuando fueron 986.
En total, durante esos ocho primeros meses de 2026 se registraron 11.805 reportes de violencia escolar. De ellos, 5.187 correspondieron a violencia física, 4.559 a violencia psicológica y 2.059 a violencia sexual, aunque esta última cifra incluye tanto violencia entre estudiantes como situaciones en las que estaría involucrado personal educativo.
Estos registros corresponden a reportes de presuntos hechos, no a sentencias judiciales. Pero precisamente por eso resultan tan importantes: muestran la cantidad de situaciones que llegan al sistema de reporte escolar.
Y casi 1.200 reportes de violencia sexual entre estudiantes en ocho meses no permiten hablar seriamente de un problema excepcional.
Permiten hablar de un problema estructural.
El bullying no aparece de la nada
El bullying no es simplemente que un niño “se porte mal” con otro. Es una dinámica de poder.
Hay una víctima.
Hay uno o varios agresores.
Hay espectadores.
Hay adultos.
Y existe una institución que puede intervenir o mirar hacia otro lado. Por eso el bullying tiene una dimensión social que no puede resolverse únicamente castigando al alumno que agrede.
Un niño aprende muy pronto qué características de otra persona pueden convertirse en motivo de burla.
El color de piel.
El origen familiar.
La forma de hablar.
El cuerpo.
La situación económica.
La orientación sexual real o percibida.
La forma de comportarse.
La manera de vestir.
La supuesta falta de masculinidad.
La discapacidad.
La diferencia.
La violencia escolar reproduce, muchas veces en versión adolescente, las jerarquías que ya existen fuera del colegio.
Masculinidad y violencia
El caso del Liceo Naval obliga también a hablar de masculinidad.
No porque toda violencia sexual cometida por varones pueda explicarse mediante la masculinidad, ni porque todos los hombres compartan las mismas normas culturales.
Sino porque determinadas formas de socialización masculina pueden premiar la dureza, la dominación, la agresividad y la demostración constante de poder.
En determinados grupos de adolescentes varones, mostrarse vulnerable puede convertirse en una amenaza para la propia posición dentro del grupo.
Y cuando la masculinidad se construye alrededor de la necesidad de demostrar quién manda, el cuerpo de otro puede convertirse en un territorio sobre el que ejercer poder.
La investigación académica sobre violencia homofóbica en escuelas peruanas ha encontrado, además, una relación significativa entre determinadas formas de violencia homofóbica y el hecho de ser varón. El estudio, basado en más de 47.000 estudiantes de quinto de secundaria, muestra que la violencia homofóbica constituye una dimensión específica de la violencia escolar y está relacionada con el clima escolar y el bienestar de los estudiantes.
Esto no significa que podamos etiquetar automáticamente el caso del Liceo Naval como un caso de homofobia.
No tenemos base suficiente para afirmarlo.
Pero sí tenemos razones para analizar el contexto cultural en el que la humillación sexual entre varones puede convertirse en un instrumento de dominación.
Homofobia: castigar al que no encaja
En las escuelas peruanas, la homofobia tampoco es un fenómeno marginal.
La investigación sobre violencia homofóbica escolar muestra que los estudiantes pueden ser objeto de agresiones no solamente por su orientación sexual, sino también por no ajustarse a las expectativas tradicionales de género.
Un adolescente puede ser insultado por parecer “afeminado”.
Otro por no comportarse como los demás.
Otro porque sus compañeros sospechan que es homosexual.
La víctima puede incluso no ser homosexual.
No importa.
La violencia funciona como mecanismo de disciplina:
te castigo porque eres diferente.
Y ese mecanismo conecta el bullying con otros problemas profundamente arraigados en la sociedad peruana.
Racismo: una historia que no comenzó ayer
El racismo peruano tampoco nació en las redes sociales ni en los colegios actuales.
Tiene una historia mucho más larga.
Durante el periodo colonial se construyeron sistemas de clasificación social y jerarquización asociados al origen, la condición y la pertenencia étnica. La historiografía ha documentado la formación de estratificaciones étnicas en Lima desde los primeros siglos coloniales.
Posteriormente, muchas de esas categorías se transformaron, pero no desaparecieron.
La asociación entre origen indígena, procedencia rural, pobreza, falta de educación o inferioridad social ha continuado apareciendo de diferentes maneras en la sociedad peruana.
El término “serrano”, por ejemplo, adquirió históricamente una carga despectiva que todavía puede reconocerse en el lenguaje cotidiano.
Esto demuestra algo fundamental:
las formas de discriminación cambian, pero las jerarquías sociales pueden sobrevivir a los sistemas políticos que las crearon.
Machismo, misoginia y autoridad
Lo mismo puede decirse del machismo.
La subordinación de las mujeres no es simplemente consecuencia de algunos hombres violentos.
Las relaciones entre hombres y mujeres han estado condicionadas durante siglos por estructuras familiares, jurídicas, económicas, religiosas y culturales.
La sociedad colonial peruana estuvo profundamente marcada por un orden patriarcal en el que la autoridad masculina ocupaba una posición central. La religión formó parte de ese orden, aunque sería históricamente incorrecto atribuir exclusivamente a la Iglesia la existencia del machismo contemporáneo.
La cuestión importante es otra:
determinadas ideas sobre autoridad, obediencia, sexualidad y género fueron transmitidas durante generaciones por instituciones sociales, familiares y religiosas.
Y las sociedades modernas no eliminan automáticamente las ideas heredadas.
Las transforman.
Las adaptan.
Las esconden.
A veces incluso las convierten en bromas.
La cultura del “no exageres”
Tal vez uno de los mayores problemas de la sociedad peruana sea precisamente la capacidad de convertir la violencia en algo cotidiano.
Una mujer denuncia acoso:
“No exageres.”
Un niño denuncia bullying:
“Son cosas de colegio.”
Un adolescente homosexual es humillado:
“Así son los chicos.”
Un estudiante indígena es insultado por su origen:
“Es una broma.”
Una agresión sexual:
“Estaban jugando.”
Cada frase parece diferente.
Pero todas cumplen una función parecida:
reducir la gravedad de lo ocurrido hasta que la víctima deja de ser el centro del problema y pasa a ser presentada como alguien que exagera.
Y cuando una sociedad hace eso de manera repetida, la violencia deja de ser solamente el comportamiento de un agresor.
Se convierte en un fenómeno cultural.
¿Qué ocurre cuando denunciar no sirve?
La frase de la profesora Yovana León debería quedar grabada en este debate:
“Yo no tengo miedo, por eso he hecho muchas denuncias”.
No debería ser necesario tener valentía extraordinaria para denunciar violencia en una escuela.
Debería ser parte normal del funcionamiento de una institución.
Un profesor debería poder decir que existe bullying sin convertirse en el problema.
Un alumno debería poder denunciar sin miedo a represalias.
Una familia debería poder pedir ayuda sin tener que recurrir a los medios de comunicación.
Y una institución debería investigar una señal de violencia antes de que se convierta en una tragedia pública.
Cuando ocurre lo contrario, el mensaje que recibe toda la comunidad educativa es devastador:
denunciar no sirve hasta que el problema se vuelve imposible de ocultar.
No son solamente “seis chicos”
Es tentador cerrar este caso con una explicación sencilla.
Seis adolescentes hicieron algo terrible.
Se les investiga.
Se les sanciona si corresponde.
Y el problema termina.
Pero no.
Si hacemos eso, habremos entendido muy poco.
Porque incluso si la investigación termina determinando responsabilidades individuales, seguirá siendo necesario responder otras preguntas.
¿Existían señales anteriores?
¿Se tomaron en serio?
¿Había mecanismos eficaces de prevención?
¿Los profesores tenían herramientas suficientes?
¿Los alumnos sabían dónde denunciar?
¿La institución reaccionaba ante el bullying?
¿Las familias entendían la diferencia entre una broma y una humillación?
¿Seguimos educando a nuestros hijos para creer que ser hombre significa ser fuerte, dominante e invulnerable?
¿Seguimos enseñándoles que algunas personas merecen menos respeto porque son diferentes?
Estas preguntas no se resuelven enviando a unos adolescentes a Maranguita.
Una sociedad no cambia cuando castiga; cambia cuando deja de normalizar
Los seis adolescentes investigados deben responder ante la justicia por aquello que finalmente se determine que hicieron.
La víctima tiene derecho a protección, atención psicológica, acompañamiento jurídico y reparación.
La institución educativa debe responder por sus protocolos y por la manera en que actuó ante las denuncias.
Las autoridades educativas deben garantizar que las escuelas sean espacios seguros.
Pero la sociedad también tiene una responsabilidad.
Porque los adolescentes no crecen en el vacío.
Aprenden de nosotros.
Aprenden de sus familias.
De sus profesores.
De sus compañeros.
De la televisión.
De las redes sociales.
De las conversaciones en casa.
De los comentarios que escuchan sobre mujeres, homosexuales, indígenas, pobres o personas consideradas diferentes.
Aprenden también de aquello que los adultos dejan pasar.
Por eso este caso no debería terminar con una condena judicial.
Ni siquiera debería terminar cuando los titulares desaparezcan.
La pregunta verdaderamente importante es qué vamos a hacer con todo aquello que ocurrió antes de que un estudiante terminara denunciando una agresión sexual.
Porque si después de este caso seguimos diciendo que fue simplemente “un juego”, que fueron simplemente “unos chicos” y que se trató simplemente de “un hecho aislado”, habremos aprendido muy poco.
El problema no son solamente los adolescentes que ejercieron la violencia.
El problema también es la sociedad que durante generaciones ha enseñado que humillar puede ser divertido, que dominar es una forma de masculinidad, que discriminar es aceptable cuando se hace como broma y que denunciar demasiado pronto significa exagerar.
Una escuela segura no se construye cuando llega la policía.
Se construye mucho antes.
Cuando alguien escucha.
Cuando alguien interviene.
Cuando una denuncia importa.
Y cuando una sociedad finalmente decide que ninguna violencia es una broma.